¿Por qué el Estado asume como una obligación proteger a los ciudadanos frente a riesgos futuros que todavía no se han producido y que puede que nunca lleguen a producirse?  

En el transcurso de su vida los seres humanos están expuestos a una serie de riesgos denominados "sociales" por dos razones:

1. En primer lugar, porque amenazan a cualquier persona al ser inherentes a la propia vida del hombre en sociedad.
2. En segundo lugar, porque existe el convencimiento de que es la propia sociedad la que debe organizar la prevención y reparación de los daños derivados de estos riesgos o contingencias comunes y profesionales.

Los grandes principios que orientan la evolución de nuestro Sistema de Seguridad Social son:

• Contributividad: se dice que estamos ante un sistema contributivo porque existe una proporción entre lo percibido (prestaciones) y lo aportado mediante cotizaciones de empresarios y trabajadores que representan su principal fuente de financiación, siendo mucho menor la aportación del Estado.
• Universalidad: se pretende alcanzar la máxima extensión en su acción protectora y en su campo de aplicación.
• Solidaridad intergeneracional: mientras trabajamos contribuimos a financiar las pensiones actuales.
• Equidad e igualdad de derechos: con independencia del momento y lugar de residencia del asegurado.
• Suficiencia: se intenta garantizar los niveles de bienestar mediante prestaciones adecuadas.
• Unidad de Caja: el Estado es el único titular de todos los recursos de la Seguridad Social.

Prescindiendo del derecho Comunitario Europeo, las normas reguladoras de la Seguridad Social, ordenadas jerárquicamente, son:

• La Constitución Española de 1978.

• La Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante TRSS). Este RDL 8/2015 deroga al RDL 1/1994 de la LGSS.

• Reglamentos generales y particulares de cada tipo de prestación. Por ejemplo: el Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural o el Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

El campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social se delimita con arreglo a los principios de territorialidad y nacionalidad, en base a los cuales quedan incluidas las siguientes personas:

1. Los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente y en ambos casos y ejerzan normalmente su actividad en territorio nacional, ya sea como trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia, socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado, estudiantes y funcionarios públicos, civiles y militares tendrán derechos a prestaciones contributivas si reúnen los requisitos legales. También los españoles residentes que no desarrollen actividad alguna, tendrán derecho a prestaciones no contributivas si reúnen los requisitos de acceso legalmente establecidos.

2. Los españoles no residentes (funcionarios de Organizaciones Internacionales y personal al servicio de la Administración española en el extranjero) cuando así lo establezca el Gobierno (funcionarios de Organizaciones Internacionales y personal al servicio de la Administración española en el extranjero) cuando así lo establezca el Gobierno.

3. En cuanto a los extranjeros cabe distinguir los siguientes supuestos:

• Los hispanoamericanos, portugueses, brasileños, andorranos y filipinos con residencia legal en España, quedan equiparados a los españoles.
• Los trabajadores comunitarios de la Unión Europea se equipararán a los nacionales, en virtud del principio de igualdad de trato que rige la normativa comunitaria (artículo 51 del Tratado de la CEE).
• Los restantes extranjeros que residan legalmente en nuestro país se someterán a lo dispuesto en los convenios suscritos al efecto, o a cuanto les fuera aplicable en virtud del principio de reciprocidad, esto significa, que recibirán la misma protección que sus países otorguen a nuestros ciudadanos españoles.

Nuestro Sistema de la Seguridad Social presenta una estructura compleja al estar constituido por una pluralidad de regímenes sometidos a principios comunes pero con ciertas diferencias en materia de financiación y protección. Indudablemente la acción protectora de la Seguridad Social debería ser la misma para toda la población sin distinciones, sin embargo, resulta imposible aplicar unas mismas técnicas protectoras a todos los sujetos protegidos, al tener diferentes situaciones profesionales.

De acuerdo con el plan diseñado por el TRSS el Sistema español está estructurado del modo siguiente:

1. Régimen General (RG en adelante), que constituye el prototipo del Sistema de la Seguridad Social:

   Régimen General

   Sujetos incluidos

   Los trabajadores por cuenta ajena de la industria y de los servicios. El personal civil no funcionario al servicio de la Administración del Estado y de la local. Los funcionarios en prácticas de cualquier Administración Pública. Los miembros de las Corporaciones locales con dedicación exclusiva. El personal laico o seglar, que preste servicios retribuidos en instituciones eclesiásticas. Cualquier otro que sea expresamente incluido por Real Decreto.   Desde el 1 de enero de 2012, se integran en el SISTEMA ESPECIAL AGRARIO dentro del Régimen General, los trabajadores por cuenta ajena que realicen labores agrícolas, forestales o pecuarias, o sean complementarias o auxiliares de las mismas, en explotaciones agrarias, así como los empresarios a los que presten sus servicios. También los empleados de hogar se integran desde enero del 2012 en el SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR dentro del Régimen General. También se han incluido recientemente los trabajadores de los siguientes sectores: Frutas, hortalizas e industria de conservas vegetales, Industria resinera, Hostelería, Cines, salas de baile y de fiesta y discotecas y Tomate fresco. Todos ellos estarían encuadrados en el Régimen General, pero en Sistemas Especiales.

2. Regímenes Especiales (RE en adelante) establecidos para las actividades que por su naturaleza, peculiares condiciones de trabajo o por el tipo de proceso productivo, requieran una regulación distinta. Su cobertura es similar a la del RG con ciertas particularidades. En la actualidad estos son los siguientes:

   Regímenes Especiales

   Regímenes Especiales	Sujetos incluidos
   R. E. de trabajadores por cuenta propia o autónomos	Trabajadores por cuenta propia o autónomos, mayores de 18 años, que, de forma habitual, personal y directa realizan una actividad económica a título lucrativo, tengan o no trabajadores asalariados a su servicio. Cónyuge y los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado inclusive  (en el caso de trabajadores del Sistema Especial para trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, hasta el tercer grado) siempre que colaboren de forma habitual y personal, y no tengan contrato de trabajo. Consejeros o administradores de sociedades mercantiles que ejerzan funciones de dirección y gerencia, siempre que posean el control directo o indirecto de la sociedad por ser también socios.
   R.E. de trabajadores del mar	Trabajadores por cuenta ajena, armadores de embarcaciones con más de 10 toneladas de registro bruto o con más de 5 tripulantes y trabajadores por cuenta propia, en las actividades legalmente previstas.
   R.E. de trabajadores de la minería del carbón	Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las actividades relacionadas con la minería del carbón.
   El Seguro escolar de estudian­tes	Jóvenes menores de 28 años que cursen estudios oficiales en 3º y 4º ESO, Bachillerato; Formación Profesional y estudios universitarios. Se formaliza automáticamente con la matrícula. Su acción protectora comprende únicamente: asistencia médica, farmacéutica, indemnizaciones en caso de accidente y fallecimiento del cabeza de familia o ruina familiar.
   Funcionarios públicos, civiles y militares	El Decreto-Ley 13/2010, de 3 de  diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, integra a partir del 1 de enero de 2011 a los funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General de la Seguridad Social.

Para que la Seguridad Social pueda desarrollar convenientemente su acción protectora, en el Régimen General de la Seguridad Social, se impone sobre los trabajadores y empresarios una serie de obligaciones formales que examinamos a continuación:

1. Inscripción: con carácter previo al inicio de las actividades laborales, el empresario está obligado a solicitar en modelo oficial (TA.6 o TA.6-0138_Hogar, para empleados del hogar) ) la inscripción de su empresa ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

   El empresario también queda obligado a comunicar cualquier variación que se produzca en los datos facilitados, como cambio de domicilio, cambio de actividad económica, cambio de nombre de la persona física o denominación de la persona jurídica o el cambio de la entidad que cubre las contingencias profesionales y, en su caso, la prestación económica por incapacidad temporal y el cese definitivo o temporal de su actividad.

   En el momento de la inscripción deberá hacer constar la Entidad Aseguradora que haya de asumir la protección de las contingencias profesionales de sus trabajadores y la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, pudiendo optar la empresa entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o una Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (MATEP).

   Con la inscripción en la TGSS se asigna a cada empresario un número para su identificación, el Código de Cuenta de Cotización (C.C.C.)

2. Afiliación: es el acto administrativo con el que se produce la incorporación del trabajador a la Seguridad Social. En el Régimen General, los empresarios están obligados a solicitarla ante la TGSS en el modelo oficial (TA.1), con anterioridad al inicio de la relación laboral, hasta de 60 días antes, presentando los documentos pertinentes. Es única para todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, presentando los documentos pertinentes (se admite la remisión electrónica por el sistema RED, a través de medios informáticos, electrónicos y telemáticos). A cada trabajador se le facilitará un número de afiliación (NAFSS), de carácter vitalicio que permite su identificación en el Sistema de la Seguridad Social.

3. El alta: es el acto administrativo de inclusión del trabajador en el Régimen General de la Seguridad Social o en los Regímenes Especiales, con él que nace la obligación de cotizar.

   Los empresarios están obligados a solicitar el alta mediante el documento TA.2/S y en los plazos antes señalados para la afiliación de sus trabajadores. Cualquier variación de datos deberá ser comunicada a la TGSS, en el modelo oficial establecido al efecto (modelo TA.2/S), surtiendo sus efectos desde la fecha de dicha comunicación.  El plazo de solicitud de alta debe ser previo al inicio de la relación laboral hasta 60 días antes.

4. La baja: es el acto formal que tiene lugar cuando el trabajador cesa en su empresa. Deberá ser comunicada en el plazo de los 3 días naturales siguientes al cese de la actividad. Con la baja cesa la obligación de cotizar siempre que se produzca el cese real de la actividad laboral, en otro caso, continuará cotizando.

5. La variación de datos deben ser comunicados en un plazo de 3 días naturales.

La Orden del Mº de Empleo y Seguridad Social 484/2013, de 26 de marzo, regula la obligatoriedad de incorporación al Sistema RED ( Sistema de remisión electrónica de datos) para las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables de la obligación de cotizar en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. A través de este servicio gestionado por la TGSS deberán realizarse las inscripciones de empresas, afiliaciones, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores, cotización y recaudación de empresas y trabajadores en el ámbito de la Seguridad Social.

¿Cómo se financia la Seguridad Social? Evidentemente, su financiación supone un gasto muy elevado de ahí que los diferentes gobiernos siempre tratan de controlar el gasto y buscar alternativas que aseguren el mantenimiento de la Seguridad Social.  

Como ya señalamos anteriormente nos hallamos ante un Sistema eminentemente contributivo en el que la principal fuente de financiación de la Seguridad Social son las cotizaciones de empresas y trabajadores.

La regulación vigente en esta materia se encuentra recogida en el TRSS (arts. 107 y ss.), en el Reglamento General de Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social (en adelante RGCL) aprobado por RD 2064/1995 y modificado por RD 328/2009, 13 marzo y en las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado, desarrolla­das cada año por la Orden de Cotización (OC). También ha habido modificación de diversos reglamentos generales en el ámbito de la seguridad social recogidos en el Real Decreto 718/2005, de 20 de junio, relativos a la Comunicación del código del Convenio Colectivo, Cotización y Liquidación por medios telemáticos a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los sujetos obligados a cotizar al Régimen General son todos los trabajadores y empresarios, incluidos en su ámbito de aplicación. De forma esquematizada la obligación de cotizar recae sobre:

El sujeto responsable del pago de las cuotas es el empresario que deberá ingresar conjuntamente su cuota (cuota patronal) y la de sus trabajadores (cuota obrera), que descontará cada mes en el momento de abonarles sus retribuciones, en la TGSS. De no efectuar este descuento en el momento señalado, no podrá realizarlo posteriormente, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo. Igualmente, la retención indebida por el empresario de las cuotas descontadas a sus trabajadores le hará incurrir en responsabili­dad frente a éstos y frente a la Seguridad Social, sin perjuicio de las responsabilidades penales o administra­tivas que procedan.

La obligación de cotizar nace en el momento en que comienza la relación laboral, incluido el periodo de prueba, y se mantiene mientras el trabajador permanezca dado de alta, extinguiéndose cuando sea cursada la baja, siempre que haya cesado la actividad laboral, pues en otro caso, subsistirá. En todo caso esta obligación económica se suspenderá durante la huelga y el cierre patronal, siempre que la empresa presente los partes de baja en el plazo previsto, en otro caso subsistirá la obligación de cotizar durante estos periodos.

1. 1. Tipos de cotización: son los porcentajes aplicables a las bases de cotización para determinar las cuotas patronales y obreras a ingresar en la TGSS por todas las contingencias protegidas. Cada año puede variar, pero no suelen cambiar.

      Conceptos computables en las bases de cotización 2019

      Bases de cotización	EMPRESA (%)	TRABAJADORES (%)	TOTAL (%)
      Contingencias Comunes	23,60	4,7	28,30
      Horas extraordinarias fuerza mayor	12	2	14
      Resto de horas extraordinarias	23,60	4,7	28,30
      Desempleo tipo general (contratos indefinidos)	5,50	1,55	7,05
      Desempleo contratos de duración determinada o temporales y a tiempo completo	6,70	1,60	8,30
      Desempleo contratos de duración determinada o temporales y a tiempo parcial	6,70	1,60	8,30
      Formación Profesional	0,60	0,10	0,70
      Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)	0,20		0,20

       

2. Bases de cotización (BC en adelante): está constituida por la remuneración total que tenga derecho a percibir el trabajador mensualmente por el trabajo realizado por cuenta ajena, con las excepciones señaladas por el TRSS (Art. 109.2) referidas a ciertas percepciones extrasalariales, como son: Los gastos de manutención y estancia, así como los gastos de locomoción, cuando correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, en los términos y cuantía establecidos, indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones y despidos, prestaciones de la Seguridad Social y sus mejoras. Estas percepciones siempre que  no superen unos determinados límites están exentas de cotizar, lo que exceda de esos límites sí se incluirá en las bases de cotización.

   La normativa reguladora de esta materia distingue las siguientes bases de cotización:

   • BC mensual por contingen­cias comunes: para su determinación se computa el salario correspondiente al mes a que se refiere la cotización, excepto las horas extraordinarias. A esta cantidad se añade la parte proporcional de las pagas extraordinarias y las percepciones extrasalariales cuando excedan de los límites establecidos legalmente (RGCL), computándose tan sólo el exceso. La base así calculada deberá estar comprendida entre la base mínima y máxima del grupo de cotización asignado al trabajador en función de su categoría profesional, de no estarlo se cotizará por la mínima o máxima según que la resultante sea inferior o superior a aquella.

   • La BC mensual por contingencias profesionales, desempleo, FOGASA y formación profesional: se determina aplicando las mismas reglas, con la particularida­d de que también se computará el valor de las horas extras. La base obtenida deberá estar comprendida entre los topes máximos y mínimos absolutos, y en caso de ser sobrepasados se cotizará por estos.

   • BC adicional por horas extraordinarias: deberá cotizar por horas extras, siendo la base igual al importe percibido por tales conceptos retributivos.

Para reparar o superar las situaciones de necesidad derivadas de los riesgos o contingencias, ya sean debidas a la ausencia de ingresos (desempleo, incapacidad, vejez...) o al aumento de gastos (asistencia sanitaria y cargas familiares, por ejemplo), la Seguridad Social establece una serie de medidas técnicas o económicas denominadas prestaciones cuyo fin es garantizar la recuperación de cada individuo y mantener su seguridad económica.

Actualmente, la protección del Sistema no se extiende a cualquier riesgo sino sólo a los expresamente protegidos, y la protección es diferente según el Régimen de la Seguridad Social de que se trate, y de que la situación de necesidad derive de contingencias o riesgos profesionales o comunes.

Las prestaciones se caracterizan porque:

• Son embargables en los mismos términos que el salario.
• El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribe a los 5 años, contados desde el día siguiente al hecho causante, salvo las de jubilación, muerte y supervivencia que son imprescriptibles.
• Por regla general, las pensiones de la Seguridad Social son incompatibles entre sí, salvo que se hubiera cotizado a dos o más Regímenes de la Seguridad Social.
• Se revalorizan cada año según el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC).

El derecho a las prestaciones de la Seguridad Social se condiciona por la ley al cumplimiento de una serie de requisitos que varían según sea una prestación contributiva o no contributiva:

1. La protección contributiva: en ésta el nivel de recursos económicos del beneficiario no es un factor a tener en cuenta, siendo los requisitos básicos de acceso a la protec­ción los siguientes:

   1. Estar afiliado a la Seguridad Social y en alta, en el momento de producirse el hecho causante, por lo que será preciso que el empresario haya cumplido previamente con estas obligaciones legales. No obstante, la Ley admite que en determinados casos en los que el contrato de trabajo se halla suspendido (maternidad precedida de incapacidad temporal, maternidad causada en prórroga de efectos de la incapacidad temporal, excedencias, etc.) e incluso extinguido (desempleo total percibiendo prestación contributiva), el trabajador siga bajo la acción protectora del Sistema, éstas son las llamadas "situaciones asimiladas al alta", aunque en ellas no siempre se tiene derecho a todas las prestaciones que otorga el Sistema, fijando la ley en cada caso qué prestaciones podrán serle concedidas. Durante las situaciones de huelga y cierre patronal el trabajador permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social (art.125.6 TRSS)

   2. Tener cubiertos los periodos de cotización previos, también llamados "periodos de carencia", que en cada caso sean exigibles, aunque algunos están exceptuados del cumplimiento de este requisito, así ocurre con las prestaciones derivadas de accidente, sea o no laboral, y de enfermedad profesional (Art. 124.4 TRSS).

AFILIACIÓN → CONTRIBUCIÓN → PROTECCIÓN

2. La protección no contributiva: a diferen­cia de la anterior, se halla condiciona­da a la insuficiencia de ingresos del beneficiario y a que tenga su residencia en territorio español. Por consiguiente, se concederán prestaciones económicas no contributivas de cuantía fija a personas no afiliadas, ni en alta, o que estando afiliadas y en alta no han cotizado el periodo de carencia exigido para acceder a las prestaciones contributivas. Estas prestaciones son gestionadas por el IMSERSO. Prestación no contributiva de Invalidez. Requisitos:

• Carecer de ingresos suficientes: Existe carencia, cuando las rentas o ingresos de que se disponga, en cómputo anual, sean inferiores a 5.538,40 euros anuales (para el año 2020). Si se convive con familiares se tiene en cuenta la suma de rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su Unidad Económica de Convivencia y la cuantía aumenta en función del número de convivientes.
• Tener 18 o más años y menos de 65.
• Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la pensión.
• Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Prestación no contributiva de jubilación. Requisitos:

1. 1. Disponer de rentas o ingresos inferiores  en cómputo anual  a 5.538,40 € anuales. (Para 2020).
   2. Tener 65 o más años.
   3. Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la pensión.

AFILIACIÓN → PROTECCIÓN

El ingreso mínimo vital: una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social creada por el RDL 20/2020.

Mediante el Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo publicado en el  BOE de 1 de junio y con entrada en vigor el mismo día de su publicación, se crea una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social: el ingreso mínimo vital , con el objeto de prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

Se trata de un derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica compatible con las ayudas que puedan establecer las comunidades autónomas y caracterizada por garantizar un nivel mínimo de renta, proteger de forma diferenciada según se dirija a un beneficiario individual o a una unidad de convivencia, prolongarse mientras persista la situación de vulnerabilidad, permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad y ser intransferible salvo en los supuestos y con los límites previstos en el artículo 44 de la LGSS, es decir, para el  cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos o cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la Seguridad Social. 

En los siguientes apartados estudiaremos diferentes prestaciones contributivas del Régimen General, por ser el más importante y el prototipo del Sistema, dado el amplio colectivo asegurado en el mismo.

Situaciones protegidas: tienen la consideración de situaciones determinantes de la incapacidad temporal:

• Las debidas a enfermedad, común o profesional, y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador esté impedido para el trabajo y reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
• Los períodos de observación por enfermedad profesional, en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos.

Duración máxima de 365 días, prorrogables por el INSS otros 180 días más cuando se presuma que, durante ellos, el trabajador pueda ser dado de alta médica por curación. Agotado el plazo (545 días), el INSS será el único competente para adoptar alguna de las siguientes medidas:

1. Reconocer otra prórroga de 185 días más, (por lo que se llegaría a un máximo de 730 días desde que se inició la baja médica) siempre que se presuma que el trabajador puede ser dado de alta por curación.

2. Examinar necesariamente, en el plazo máximo de 3 meses, el estado del incapacitado a efectos de su calificación en el grado de incapacidad permanente que corresponda.

3. Emitir el alta médica.

Extinguido el derecho a la IT por el transcurso del plazo máximo y habiendo sido dado de alta médica el trabajador sin declaración de incapacidad permanente, sólo podrá generarse un nuevo proceso de IT por la misma o similar patología:

• Si media un período de actividad laboral superior a 180 días, o si, mediando un plazo inferior a 180 días, el INSS a  través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, emite la baja a los exclusivos efectos de la prestación económica por IT.

Duración en caso de períodos de observación por enfermedad profesional,6 meses prorrogables por otros 6 cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

Personas beneficiarias:  los trabajadores integrados en el Régimen General, siempre que estén afiliados y en alta o situación asimilada en el momento de producirse el hecho causante (enfermedad o accidente), siendo necesario acreditar un periodo previo de cotización de 180 días dentro de los 5 años anteriores al hecho causante si éste fuese una enfermedad común, no se exige periodo de carencia en el resto de casos.

Prestación económica: consiste en un subsidio temporal cuya cuantía depende del hecho causante.

1. I.T. derivada de contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral):

   I.T. derivada de contingencias comunes

   Cuantía	Base reguladora (BR)
   60% BR desde el 4º día hasta el 20º día (los tres primeros días de baja médica no están subsidiados salvo mejora pactada o voluntaria)	Base de cotización por contingencias comunes del mes anterior a la baja dividida entre 30(salario mensual) o días cotizados del mes (salario diario)
   75% BR a partir del 21º día hasta el alta médica.

   
   

   Entidad pagadora:

   • Desde el 4º al 15º día, ambos inclusive, el subsidio lo abona el empresario a su exclusivo cargo.

   • A partir del 16º día, será abonado por la entidad aseguradora: el INSS, o la  Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional (MATEPSS) si la empresa concertó con ella la cobertura; o el propio empresario si colabora voluntariamente en la gestión de la IT (pago delegado).

2. I.T. derivada de contingencias profesionales (enfermedad profesional y accidente de trabajo):

   I.T. derivada de contingencias profesionales

   Cuantía	Base reguladora (BR) = A + B
   75% de la BR a partir del día siguiente al del hecho causante	A = (Base de cotización por contingencias profesionales del mes anterior - Horas extraordinarias) dividida entre (Número de días cotizados en el mes anterior)
   	B = (Base de cotización por horas extraordinarias del año anterior) dividida entre (Número de días cotizados en el año anterior)

    

   Entidad pagadora: en los casos de enfermedad profesional o accidente de trabajo el subsidio será abonado por el INSS o la Mutua.

   

Normativa reguladora: Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación y Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).

Como consecuencia del Real Decreto-ley 6/2019 a partir de 01/04/2019, las prestaciones por maternidad  y paternidad se unifican  en una única prestación denominada NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR.

Situaciones protegi­das: tienen la consideración de situaciones determinantes de la incapacidad temporal:

Se consideran situaciones protegidas, durante los períodos de descanso y permisos que se disfruten por tales situaciones: 

• El nacimiento de hijo/a.

La adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar siempre que, en este último caso, su duración no sea inferior a un año, y se trate de menores de 6 años.       

Beneficiarios:

Prestación: La prestación económica consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente.

Duración:

Se establece un período transitorio, durante los años 2019 y 2020, para la aplicación gradual de la nueva regulación de la suspensión del contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, prevista en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 48 del TRET, en la redacción dada por el real decreto-ley.

Será a partir de 1 de enero de 2021, cuando cada progenitor, adoptante, guardador o acogedor disfrutará de idéntico período de suspensión.

Durante el periodo 01/01/2020 hasta 31/12/2020 se tendrán en cuenta las siguientes reglas para atender a su duración: 

En caso de nacimiento

1. Madre biológica:

Disfrutará completamente de los periodos de suspensión 16 semanas con la siguiente distribución:

• 6 semanas obligatorias, ininterrumpidas y que deberán disfrutarse a jornada completa  inmediatamente después del parto.
• 10 semanasque podrán disfrutar a jornada completa o parcial:
  • De manera continuada al periodo obligatorio.
  • De manera interrumpida, en cuyo caso, debe ser en periodos semanales (acumulados o independientes) desde la finalización de las 6 semanas obligatorias hasta que el hijo/a cumpla 12 meses de edad.
  • El disfrute de cada periodo semanal o acumulación de periodos deberá  comunicarlos el interesado a la empresa con una antelación mínima de 15 días.
  • El disfrute a jornada completa o parcial de este periodo, requerirá un acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora.

Podrá ceder al otro progenitor un periodo de hasta 2 semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio, que podrán ser también a jornada completa o parcial, de manera continuada o interrumpida, y por periodos semanales que deberá comunicar a su empresa con una antelación mínima de 15 días.

Se mantiene la posibilidad de que la madre biológica pueda anticipar el inicio de la prestación hasta en 4 semanas a la fecha probable de parto.

En caso de fallecimiento de la madre biológica, con independencia de que realizara o no algún trabajo, el otro progenitor tendrá derecho a las dieciséis semanas previstas para la madre biológica.

En los casos de fallecimiento del hijo/a, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que se reincorporen al trabajo transcurridas las 6 semanas de descanso obligatorio.

2. Otro progenitor (distinto de la madre biológica):Dispondrá de un periodo de suspensión total de 12 semanas, con la siguiente distribución:

• 4 semanas ininterrumpidas, obligatorias y que deberán disfrutarse a jornada completa  inmediatamente después del parto.
• 8 semanas voluntarias que podrán disfrutar a jornada completa o parcial:
  • De manera continuada al periodo obligatorio.
  • De manera interrumpida, en periodos semanales (acumulados o independientes) desde la finalización de las 4 semanas obligatorias, hasta que el hijo/a cumpla 12 meses de edad.
  • El disfrute de cada periodo semanal o acumulación de periodos deberá  comunicarlos el interesado a la empresa con una antelación mínima de 15 días.
  • El disfrute a jornada completa o parcial de este periodo, requerirá un acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora.

Desaparecen los dos días de permiso por parte de la empresa que se disfrutaban  en caso de paternidad.

En caso de fallecimiento de la madre biológica, con independencia de que realizara o no algún trabajo, el otro progenitor tendrá derecho a las dieciséis semanas previstas para la madre biológica.

En los casos de fallecimiento del hijo o de la hija, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que se reincorpore al trabajo transcurridas las 4 semanas de descanso obligatorio.

3. Ampliaciones de la duración de la prestación comunes a los dos progenitores:

• 1 semana para cada progenitor, por cada hijo/a, a partir del segundo, en caso de nacimiento múltiple.
• 1 semana para cada progenitor en caso de  discapacidad del hijo/a

En los casos de parto prematuro y aquellos supuestos en los que el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, por un periodo superior a siete días, la prestación se podrá ampliar en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. Esta ampliación se podrá disfrutar por cada uno de los progenitores, a partir del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las semanas de descanso obligatorio. 

En el caso de que la madre biológica hubiera cedido parte de su descanso al otro progenitor, este podrá disfrutar del mismo, aunque en la fecha prevista para su inicio la madre se encontrara en incapacidad temporal.  

En el caso de que un progenitor no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por la totalidad de 16 semanas sin que le afecte la limitación del periodo transitorio. 

En caso de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento: 

Los progenitores dispondrán, entre los dos, de un total de 28 semanas con la siguiente distribución:   

• 6 semanas obligatorias para cada uno de los progenitores,a disfrutar a tiempo completo de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial o decisión administrativa.
• 16 semanas a distribuir entre los dos progenitoresdentro de los 12 meses siguientes a la resolución judicial por la que se constituya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. Se podrán  disfrutar en régimen de jornada completa o parcial:
  • de forma continuada,acumuladas al periodo obligatorio de cada uno de ellos. 
  • ininterrumpidadentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial o decisión administrativa de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. 
  • Uno de los progenitores podrá disfrutar individualmente de un máximo de 10 semanas sobre las dieciséis semanas totales de disfrute voluntario, quedando al menos seis de las dieciséis semanas a disposición del otro progenitor.

En los supuestos de adopción internacional cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país del adoptado, el periodo de suspensión podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

Ampliaciones de la duración de la prestación:

• 1 semana para cada progenitor, por cada hijo/a, a partir del segundo, en caso de adopción múltiple.
• 1 semana para cada progenitor en caso de  discapacidad del hijo/a.

Requisitos:

• Estar afiliados y en alta o en situación asimilada al alta en en algún régimen del sistema de la Seguridad Social.
  
• Tener cubierto un período mínimo de cotización de:
  • Si los trabajadores tienen menos de 21 años de edad en la fecha del parto, no se exigirá período mínimo de cotización.
  • Si los trabajadores tienen entre 21 a 26 años en la fecha del parto:
    • 90 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio o,
    • 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha fecha.
  • Si los trabajadores tienen cumplidos los 26 años de edad en la fecha del parto:
    • 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso o,
    • 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha fecha.

MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA:

• Las trabajadoras que, en caso de parto, reúnan todos los requisitos establecidos para acceder a la prestación por maternidad, salvo el período mínimo de cotización establecido serán beneficiarias de un subsidio especial de cuantía igual al 100% IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) vigentes en cada momento. Esta prestación será de 42 días naturales a contar desde el parto, dicha duración se incrementará en 14 días naturales en los casos de nacimiento de hijo en una familia numerosa o que, con tal motivo, adquiera dicha condición, o en una familia monoparental, o en los supuestos de parto múltiple, o cuando la madre o el hijo estén afectados de discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento. En caso de fallecimiento del hijo, no se reduce la prestación.

Entidad pagadora: : Esta prestación tanto  en su modalidad contributiva como no contributiva, será gestionada directamente por el INSS o MATEPSS.

Normativa reguladora: Art. 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 39/1999, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras desarrollado por R.D. 295/2009, 6 marzo.

• Duración: será la necesaria para asegurar la protección de su seguridad y salud, mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. Durante este periodo percibirán una prestación económica hasta la reincorporación de la mujer a un puesto compatible con su estado o, en el caso de maternidad, hasta el parto; y en los casos de lactancia natural el derecho se extingue cuando el hijo cumpla nueve meses, salvo que la beneficiaria decidiese reincorporarse antes.

• Beneficiarias: las trabajadoras afiliadas y en alta o situación asimilada en el momento de producirse el hecho causante, no siendo necesario acreditar ningún periodo de cotización previo.

• Prestación económica: consiste en un subsidio del 100% de la base reguladora que equivalente a la que esté establecida para la IT derivada de contingencias profesionales.

• Entidad pagadora: esta prestación será gestionada directamente por el INSS o MATEPSS.

Normativa reguladora: Cap. V, Tít.II TRSS, RD 1132 / 2002, Ley 52/2003, y R.D. 1795/2003, 26 diciembre.

La incapacidad permanente presenta diferentes grados:

1. Incapacidad Permanente parcial para la profesión habitual: es la que ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% del rendimiento normal para su profesión habitual sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

2. Incapacidad Permanente total para la profesión habitual: es aquella que inhabilita para la realización de todas o las tareas fundamentales de su profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

3. Incapacidad Permanente absoluta para todo trabajo: es la que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión.

4. Gran invalidez: La situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. 

Beneficiarios: los trabajadores afiliados y en alta o situación asimilada que reúnan el periodo de carencia exigido legalmente cuando la incapacidad derive de enfermedad común (no se exige periodo de cotización previo si el hecho causante fue un accidente, común o laboral, o una enfermedad profesional).

La base reguladora (BR) para calcular la pensión de I.P. Total, Absoluta y Gran Invalidez, difiere según que la causa de la Incapacidad sea enfermedad común ( influyendo también la edad del trabajador), accidente laboral o contingencia profesional.

La BR se calcula de forma diferente según que la incapacidad permanente derive de contingencias profesiona­les o comunes:

1. Cuando derive de enfermedad común: BR = Suma de las bases de cotización de los 96 meses (8 años) inmediata­mente anterio­res al hecho causante dividido entre 28.
2. Cuando derive de accidente no laboral: BR = Suma de las bases de cotización correspondientes a un periodo ininterrumpido de 24 meses elegido por la persona beneficiaria dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del accidente.
3. Cuando la IP derive de contingencias profesionales: BR se calculará tomando las retribuciones efectiva­mente percibidas en el momento del hecho causante de acuerdo con las reglas que fija el Reglamento de Accidentes de trabajo de 1956.

Normativa reguladora: TRSS, Ley 35/2002, RD 1132/2002, RD 1539/2003, Ley 52/2003 y R.D. 1795/2003. Hay que destacar las últimas reformas del sistema de pensiones realizadas en la  Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización  del sistema de la Seguridad Social  y el Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

Beneficiarios: son todas las personas incluidas en el Régimen General que cumplan los siguientes requisitos:

1. Estar afiliado y en alta o situación asimilada a la de alta ( por ej: situación legal de desempleo, excedencia forzosa…) . Si en la fecha del hecho causante el beneficiario no está en alta o situación asimilada podrá solicitar la pensión siempre que se reúnan los requisitos de edad y cotización establecidos.
2. Acreditar un periodo mínimo de cotización genérico de 15 años (sin incluir las pagas extras) es decir, 5475 días, de los cuales dos años deben haber sido cotizados dentro de los quince años inmedia­tamente ante­riores a la fecha del cese en el trabajo o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar si se accede a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada, sin obligación de cotizar.
3. Tener cumplida la edad ordinaria de jubilación que en nuestro país tras la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización  del sistema de la Seguridad Social está cifrada en los 67 años, aunque la aplicación de dicha edad se realizará de forma progresiva desde 2013, sumando un mes por año hasta el 2019, y dos meses más por año hasta 2027 en que será exigible la edad de 67 años y a partir del que solo podrán jubilarse a los 65 años quienes hayan cotizado 38 años y 6 meses.

En ningún caso, la aplicación de los coeficientes reductores de la edad ordinaria de jubilación dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a 52 años; esta limitación no afectará a los trabajadores de los regimenes especiales (de la Minería del Carbón y Trabajadores del Mar) que, en 01-01-08, tuviesen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación, a los que se aplicará la normativa anterior.

La prestación económica: es una pensión vitalicia que se calcula aplicando un porcentaje sobre la base reguladora, cuyo cálculo se modifica en la ley 27/2011 de la siguiente forma:

Los porcentajes aplicables a la BR serán los siguientes:

Normativa reguladora: Art. 171 a 179 TRSS, RD1465/2001 y RD 1795/2003, 26 dic., LPGE 2006, Ley 3/2007, Ley 40/2007 y RD 296/2009, 6 marzo.

Causarán derecho a esta protección: los pensionistas por incapacidad permanente y jubilación, y los trabajadores en alta o situación asimilada que acrediten un periodo mínimo de cotización de 500 días dentro de los 5 años anteriores a su muerte, si el hecho causante fue una enfermedad común. De no hallarse en alta o situación asimilada deberán acreditar un periodo mínimo de cotización de 15 años. Si el fallecimiento es debido a accidente, sea o no de trabajo, o a enfermedad profesional no se exige período previo de cotización.

Prestaciones por muerte y supervivencia:

• Pensión de viudedad.

• Pensión de orfandad.

• Auxilio por defunción.

Serán beneficiarios de las prestaciones de muerte y supervivencia las siguientes personas:

A. Pensión de viudedad: corresponderán al cónyuge superviviente, no obstante, cuando el fallecimiento derive de una enfermedad común anterior al enlace matrimonial, se requerirá además, que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento, salvo que existan hijos comunes o que hubiesen convivido como pareja de hecho anteriormente, siempre que este periodo de convivencia sumado al de duración del matrimonio supere los dos años. Cuando el cónyuge no acredite uno de estos requisitos, podrá acceder a una prestación temporal de viudedad durante dos años siempre que reúna el resto de los requisitos exigidos. 

Tendrá asimismo derecho a la pensión de viudedad quien conviviese con el trabajador fallecido como pareja de hecho siempre que acredite:

1. 1. La inscripción de la pareja de hecho en alguno de los registros específicos existentes en la Comunidad  Autónoma  o Ayuntamiento del lugar de residencia o la formalización de documento público en el que conste la constitución de dicha pareja, en ambos casos, con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.
   2. Convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante, con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años.
   3. Que, durante el período de convivencia, ningún componente de la pareja estaba impedido para contraer matrimonio ni tenía vínculo matrimonial con otra persona.
   4. Que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzan los límites legales establecidos para estos supuestos.

En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien sea o haya sido cónyuge legítimo. Si hubiera otros beneficiarios con derecho a pensión de viudedad (cónyuges separados o divorciados), ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el fallecido, garantizándose, en todo caso, el 40 % a favor del cónyuge superviviente o pareja de hecho beneficiaria de la pensión de viudedad. La pensión de viudedad se extinguirá:

1. 1. 1. Por contraer nuevo matrimonio o constituir una pareja de hecho, salvo las excepciones establecidas legalmente.
      2. Por declaración en sentencia firme de culpabilidad en la muerte del causante.
      3. Por comprobarse que no falleció el trabajador desaparecido en accidente.
      4. Cuando el pensionista separado o divorciado del fallecido conviviera maritalmente con otra persona.
      5. Por condena, en sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, cuando la ofendida fuera la causante de la pensión, salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos.

2. En estos supuestos, la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementará las pensiones de orfandad si las hubiese.

B. Pensión de orfandad:

• Los hijos huérfanos, incluidos los adoptivos.

• Los hijos aportados al matrimonio por el otro cónyuge, siempre que éste se hubiese celebrado dos años antes como mínimo, se pruebe la convivencia habitual y la dependencia económica del fallecido, y no tengan derecho a otra pensión ni existan familiares con obligación y posibilidades de prestarles alimentos.

Los hijos deben ser menores de 21 años o mayores incapacitados con una incapacidad absoluta o gran invalidez.

En los casos de orfandad absoluta (inexistencia de progenitores o adoptantes) y de huérfanos con una discapacidad igual  o superior al 33%, si el huérfano no trabaja o sus ingresos son inferiores en cómputo anual a la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento  la edad se amplía hasta los 25 años.

En los casos de orfandad simple (cuando sobreviva uno de los progenitores o adoptantes) si el huérfano no trabaja o sus ingresos son inferiores al SMI, el límite de los 25 años ha sido aplicado a partir de 01-01-2014. Hasta dicha fecha, el límite era durante el año 2013, de 24 años.

C. Auxilio por defunción: Quien haya soportado los gastos del sepelio. Salvo prueba en contrario, se presume que dichos gastos los ha soportado, por este orden, el cónyuge sobreviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho, los hijos y los parientes del fallecido que conviviesen habitualmente con él.

La cuantía de la base reguladora (BR) varía según el hecho causante de la muerte:

• Si estaba en alta o situación asimilada y la muerte se debió a un riesgo común la BR será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización correspondientes a un periodo ininterrumpido de 24 meses elegido por el beneficiario dentro de los 15 años anteriores a la fecha de la muerte.
• Si el fallecimiento se debió a un riesgo profesional, la BR se calcula sobre los salarios reales de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento de Accidentes de Trabajo de 1956.
• En caso de fallecimiento por acto terrorista la BR se determina dividiendo por 14 el resultado de multiplicar por 12 la última base de cotización mensual.
• Si el sujeto fallecido era un pensionista de jubilación o invalidez la BR será la misma que sirvió para determinar su pensión con las revalorizaciones que correspondan.

La protección por desempleo es gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o por el servicio correspondiente de las Comunidades Autónomas (como, por ejemplo, la Ley 10/2003, de 8 de abril, creó el Servicio Público de Empleo de Castilla y León) y se estructura en un nivel contributivo y un nivel asistencial, que examinaremos por separado dada la diferente finalidad y régimen jurídico de cada uno de ellos, no obstante en ambos niveles se exige que los beneficiarios cumplan los siguientes requisitos básicos:

1. Hallarse en situación legal de desempleo.
2. Estar afiliados y no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo excepciones.
3. Estar inscritos como demandantes de empleo en las oficinas de empleo correspondientes.
4. Suscribir el compromiso de actividad, a estos efectos se entenderá por tal, el compromiso que adquiera el trabajador desempleado de buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en las acciones de motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional que determine el servicio público de empleo correspondiente, así como cumplir las restantes obligaciones previstas en la Ley.

Normativa reguladora: Título III del TRSS, RD 625/1985, Ley 45/2002, RD 1975/2008 y RDL 2/2009.

Para que exista una situación legal de desempleo protegible es preciso que la pérdida del empleo se haya producido por alguna de las causas que señala el Art. 267 TRSS:

1. Suspensión de la relación laboral en virtud de expediente de regulación de empleo (ERE) o por tratarse de una víctima de violencia de género (desempleo temporal).
2. Reducción de jornada y salario al menos en una tercera parte (desempleo parcial).
3. Extinción de la relación laboral por alguna de las causas siguientes (desempleo total):
   1. Por ERE, por causas objetivas, o por la muerte, jubilación o incapacidad del empresario.
   2. Despido disciplinario procedente o improcedente, sin necesidad de reclamación judicial.
   3. Resolución del contrato a instancia del trabajador en los supuestos de traslado, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, incumplimiento grave por parte del empresario de sus obligaciones, o cuando se trate de una víctima de violencia de género.
   4. Extinción del contrato temporal por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio contratado, siempre que el trabajador no se haya negado a prorrogar su duración.
   5. Extinción durante el periodo de prueba a instancia del empresa­rio, siempre que la extinción de la relación laboral anterior a su contratación se hubiera producido por causas ajenas a su voluntad, o haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción.
   6. Extinción del contrato por invalidez permanente total del trabajador.

Sujetos protegidos:

1. Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General y en los Regímenes Especiales que protegen este riesgo o contingencia (R.E. de la minería del carbón, R.E. Agrario y R.E. del mar, entre otros).
2. Los liberados de prisión (penados y presos preventi­vos).
3. Los emigrantes retornados cuando el retorno se produce por haberse extinguido la relación laboral en el extranjero y no tienen derecho a prestación por desempleo en el país de origen.

Los beneficiarios del nivel contributivo además de los requisitos básicos antes reseñados deben acreditar:

1. Estar afiliados y en situación de alta o asimilada (ejemplos: incapacidad temporal, maternidad y paternidad).
2. Acreditar un periodo mínimo de cotización de 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo, computándose únicamente las cotizaciones que no hayan sido tenidas en cuenta para el reconocimiento de un derecho anterior, a excepción de las prestaciones abonadas a las víctimas de violencia de género que no serán tenidas en cuenta a tales efectos.

Solicitud: las personas que cumplan los requisitos legalmente previstos deberán solicitar en el SPE el reconocimiento del derecho a la prestación que nacerá a partir de la fecha en que se inició la situación legal de desempleo siempre que lo solicite dentro de los 15 días hábiles siguientes, pues quienes presenten la solicitud fuera de este plazo, tendrán derecho a la prestación pero ésta nacerá a partir de la fecha de la solicitud, por lo que perderán tantos días de prestación como medien entre la fecha que hubiere tenido lugar el nacimiento del derecho y aquella en que efectivamente se haya formulado la solicitud, salvo casos de fuerza mayor.

Prestaciones contributivas: la duración y cuantía de la prestación económica por desempleo, total o parcial, estará en función de los periodos cotizados en los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo y de las bases de cotización de los últimos 180 días, sin que pueda sobrepasar los límites mínimos y máximos legalmente previstos que se calculan con el Indicador público de rentas de efecto múltiple (IPREM 2019: 548,60 €/mes).

En los casos de desempleo parcial, la cuantía de la prestación se reduce en proporción a la jornada de trabajo que desarrolle el trabajador, pero no esto no influye en la duración lógicamente.

• El IPREM mensual a tener en cuenta incluye la prorrata de dos pagas extraordinarias (IPREM mensual x 14 / 12) y será el correspondiente al año de reconocimiento de la prestación, manteniéndose en lo sucesivo aunque éste varíe cada año.
• Únicamente se consideran a cargo del beneficia­rio los hijos menores de 26 años o mayores incapacitados, que carezcan de rentas superiores al SMI y convivan con él o tengan derecho a pensión por alimentos en virtud de convenio o resolución judicial dictada en proceso de separación o divorcio.

Durante el cobro de la prestación el SPE abonará las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes, descontando al trabajador únicamente el 65% de la cuota obrera. Estas cotizaciones no serán computables para un futuro derecho a prestaciones por desempleo, salvo cuando se trate de víctimas de violencia de género.

La Ley admite tres modalidades de pago de la prestación contributiva de desempleo:

1. Pago periódico de la prestación contributiva: esta es la fórmula habitual consistente en el pago de la prestación por mensualidades vencidas durante el periodo reconocido.

2. Pago único del importe total de la prestación contributiva: el SPE podrá abonar a los beneficiarios por una sola vez el valor total del importe de la prestación reconocida descontado el interés legal del dinero, en los casos siguientes:

   
   • Cuando pretendan incorporarse de forma estable y a tiempo completo, como socios trabajadores en Cooperativas o en sociedades laborales, siempre que anteriormente no hubieran estado contratados por dichas sociedades por tiempo superior a 24 meses. En estos casos podrán capitalizar la prestación por importe igual al de la aportación a la cooperativa o al valor de las acciones o participaciones sociales suscritas.
   • Cuando pretendan constituirse como trabajadores autónomos y tengan reconocida una minusvalía igual o superior al 33%. En este supuesto obtendrán en un solo pago una cantidad igual a la inversión realizada en el negocio.

   • Cuando se trate de personas sin minusvalía que pretendan constituirse como trabajadores autónomos, percibirán de una sola vez una cantidad igual a la inversión realizada, con el límite máximo del 60% del importe de la prestación por desempleo reconocida, ampliable a un 80 % cuando los beneficiarios sean hombres hasta 30 años o mujeres hasta 35 años de edad, ambos inclusive.

3. Pago mensual del importe de la prestación contributiva en los casos anteriormente reseñados en el apartado B, el trabajador podrá solicitar que la prestación sea destinada a subvencionar su cotización a la Seguridad Social, mientras se halle en alta, hasta agotar la cuantía de la prestación de desempleo reconocida.

A partir del 24 de febrero, de acuerdo con el Real Decreto-Ley 4/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se puede compatibilizar la prestación con el trabajo autónomo, cuando así lo establezca un programa de fomento del empleo.

La citada norma establece un nuevo programa de fomento del empleo que permite compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, por un máximo de 270 días, o por el tiempo inferior pendiente de percibir, cuando se cumpla lo siguiente:

• Que el beneficiario de la prestación por desempleo de nivel contributivo sea menor de 30 años en la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia y no tenga trabajadores a su cargo.
• Que solicite la compatibilización en su oficina de prestaciones en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia.

Para poder capitalizar las prestaciones será necesario que el trabajador cumpla además los siguientes requisitos:

1. Ser beneficiario de prestaciones de desempleo y tener pendiente de percibir al menos tres meses.
2. No haber hecho uso de este derecho en los 4 años inmediatamente anteriores.
3. No haber iniciado la actividad como socio o autónomo con anterioridad a la solicitud de capitalización.
4. Iniciar la actividad como socio o autónomo en el plazo de un mes a contar desde la concesión del derecho.

¿Es compatible la prestación por desempleo con alguna actividad profesional o con el cobro de pensiones?

Sí, pero sólo en los casos siguientes:

• Con el trabajo retribuido por cuenta ajena a tiempo parcial, pues en tal caso el SPE solo procederá a descontar la cantidad correspondiente de la prestación de desempleo en proporción a la jornada trabajada
• Con la pensión de jubilación parcial y con las pensiones de viudedad e incapacidad permanente que hubieran sido compatibles con el trabajo que originó la prestación de desempleo.
• Con el ejercicio de cargos públicos o sindicales retribuidos que supongan dedicación parcial, sin perjuicio de la deducción correspondiente en la cuantía de la prestación.

Las causas que lo motivan son:

1. Traslado de residencia al extranjero por un período continuado inferior a doce meses, para la búsqueda o realización de un trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional.
2. La situación de maternidad o paternidad.
3. Cumplimiento de condena de privación de libertad, salvo que el trabajador tenga cargas familiares y no disponga de renta familiar alguna, en cuyo caso, continuará percibiendo la prestación.
4. Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración inferior a doce meses.
5. Realización de un trabajo por cuenta propia de duración inferior a veinticuatro meses.
6. Sanción de suspensión por infracción leve o grave.

En todos los casos de suspensión, salvo por sanción, el trabajador debe solicitar la reanudación del derecho en la Oficina del SPE que le corresponda en el plazo de los quince días hábiles siguientes a la finalización de la causa de suspensión y acreditar que continua en situación legal de desempleo.

La reanudación supondrá el derecho a percibir la prestación por desempleo con la base reguladora y porcentaje que correspondiese en el momento de la suspensión y por el período que restase, salvo en los casos de suspensión por sanción en los que se reducirá la duración de la prestación reconocida por el tiempo que dure la sanción.

Las causas de extinción del derecho son las siguientes:

1. Agotar el plazo de duración reconocido para la prestación por desempleo.
2. Rechazar una oferta de empleo adecuada o negarse a participar en trabajos de colaboración social, programas de empleo o en acciones de promoción y formación profesional, salvo que exista causa justificada.
3. Ser sancionado por alguna de las infracciones graves o muy graves tipificadas legalmente.
4. Cumplir la edad de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera el periodo de cotización exigido para ello.
5. Pasar a ser pensionista de invalidez permanente total, absoluta o gran invalidez, aunque en estos casos podrá optar entre seguir percibiendo la prestación hasta que se agote y luego percibir la pensión que le corresponda o bien percibir directamente la pensión de invalidez.
6. Realizar un trabajo por cuenta ajena de duración superior o igual a 12 meses, salvo que se trate de un trabajo a tiempo parcial, o un trabajo por cuenta propia de duración igual o superior a 24 meses.

Prestaciones asistenciales: existen diferentes tipos de subsidio y en cada uno de ellos se exigen unos requisitos específicos, pero en todos los casos la ley exige unos requisitos comunes que son:

1. La insuficiencia de recursos o rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo anual al 75% del SMI, sin computar la parte proporcional de las dos pagas extras.
2. Encontrarse inscrito como demandante de empleo sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, sin causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales.

Beneficiarios: la protección en el nivel asistencial está prevista exclusiva­mente para desempleados que no tengan derecho a la prestación en el nivel contributivo, bien por no reunir alguno de los requisitos necesarios, o por haber agotado la prestación por desempleo contributiva.

La duración y cuantía del subsidio está en función de la modalidad de subsidio a que tenga derecho el beneficiario:

Podrán ser beneficiarios del subsidio por desempleo los desempleados que, figurando inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de un mes, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, y careciendo de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, se encuentren en alguna de las situaciones que más adelante se describen.

Consta de una prestación económica y durante la percepción del subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 42 años la entidad gestora deberá cotizar por la contingencia de jubilación.

Se considera que el trabajador tiene responsabilidades familiares cuando concurren dos condiciones:

1. El cónyuge o hijos menores de 26 años o mayores discapacitados están a su cargo y no perciben ingresos superiores al 75% SMI vigente.

2. La suma de los ingresos de la unidad familiar (trabajador, cónyuge e hijos menores de 26 años o discapacitados) dividida entre el número de miembros de la unidad familiar no supera el 75% SMI vigente.

En caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial también se percibirá la cuantía antes indicada.