Antes de profundizar más sobre este tema, es importante que entiendas la jerarquía  de las normas jurídicas en nuestro país:

• La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España​ desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978. Puedes verlo aquí: Constitución.
• Tratados Internacionales es una norma jurídica de naturaleza internacional, vinculante y obligatoria para los Estados que lo suscriben.
• Leyes emanadas de las Cortes Generales:
  • LEYES ORGÁNICAS: son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Requieren de la mayoría absoluta para su aprobación. Ejemplo: Un tipo de ley orgánica especial son los Estatutos de Autonomía, ya que éstos tienen un procedimiento determinado para su modificación y derogación.
  • LEYES ORDINARIAS: son las que aprueba el Pleno del Parlamento por mayoría simple y no afectan a las materias propias de las leyes orgánicas. Requieren de mayoría simple.
• Normas con rango de Ley. DECRETOS: Desarrollan las leyes. Se dividen en:
  • Reales Decretos-Leyes. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, que tomarán la forma de Decretos-leyes.
    
  • Decretos-leyes. Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad por Congreso de los Diputados.
    
  • Reales Decretos-Legislativos. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.
    
• ÓRDENES. Las órdenes ministeriales puede establecerse por parte de un solo ministro, a diferencia del Real decreto que precisa para su adopción de la aprobación del Consejo de Ministros. Las Órdenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno, las Órdenes Ministeriales, etc.
• NORMAS.

Un marco legal e ins­titucional está constituido por políticas públicas, en­tendidas éstas como el conjunto de actuaciones que se proyectan sobre:

Sectores del bienestar: salud, empleo...

Sectores de la población: mujeres, inmigrantes, tercera edad...

Un espacio territorial de actuación en función del cual hablaremos de políticas supranacionales, nacionales, regionales, locales...

En esta unidad veremos las políticas públicas o estrategias en función del ámbito territorial de actuación y según sectores de población.

Antes de comenzar a estudiar los distintos planes y programas por sector de población es importante que tengas clara la jerarquía de las distintas instituciones públicas que encabezan dichas estrategias de intervención:

En 1976, la Conferencia de ministros de Cul­tura europeos resolvió que la política de sus ministerios debería

variedad de técnicas propias de la ani­mación sociocultural para llevar a cabo esta transformación, articulando los métodos que permitirán a cada individuo desarrollar sus po­tencialidades en su propio contexto comunita­rio. Se puede decir que a partir de aquí se im­planta la animación sociocultural en los gobiernos europeos.

En la Declaración de Bremen (1983), se plantea la impor­tancia de la diversidad cultural en Europa, reco­nociendo la magnitud de la comunidad local como marco privilegiado donde la ciudadanía encuentra su identidad y sus medios de expre­sión cultural. Para ello se debe poner a disposi­ción de todos los ciudadanos y las ciudadanas equipamientos y facilidades para promover la expresión cultural y el desarrollo del potencial creativo de la comunidad.

El artículo 1° de la Declaración sobre Derecho al desarrollo (1986), (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas) re­conoce que «El derecho al desarrollo es un de­recho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están fa­cultados para participar en un desarrollo eco­nómico, social, cultural y político en el que pue­dan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contri­buir a ese desarrollo y a disfrutar del él».

En 1998, se redacta el Plan de acción sobre las políticas para el desa­rrollo. Sitúa la política cultural como un com­ponente central de la política de desarrollo. «La cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a fortale­cer la independencia, la soberanía y la identi­dad de las naciones”.

La Declaración universal de la Unesco sobre diversidad cultural (2001) reconoce la diversi­dad cultural como patrimonio de la humanidad. Señala que la diversidad cultural contribuye a una «existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual más satisfactoria para todas las personas» y la re­conoce también como «fuente de intercambios, fuente de innovación y de creatividad. La diversi­dad cultural es tan necesaria para el género hu­mano como la biodiversidad para los seres vivos».

En el Informe sobre desarrollo humano pu­blicado por el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2004, titulado «La libertad cultural en el mundo diverso de hoy», se establece que la liber­tad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo humano: «la libertad cultural es que la gente pueda vivir y ser lo que elige”.

El IV Foro de autoridades locales de Porto Alegre, aprueba en 2004 la Agenda 21 de la cultura. Es el primer documento con vocación mundial que apuesta por establecer las bases de un compro­miso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural. El propósito de la Agenda 21 de la cultura es ser un documento orientador de las políticas públicas de cultura, que contribu­ya a formular respuestas a los retos del desarro­llo cultural de los pueblos, elaborando acuerdos que defiendan la diversidad cultural y recalquen la importancia de la creación y la participación cultural de la sociedad.

En los últimos años, la Unión Europea y los Estados miembros han adquirido mayor conciencia sobre el papel central que tienen el empleo y la política social como rasgos distintivos de una sociedad desarrollada y, en la actualidad, se admite que el modelo social es, además de una de las señas de identidad europea, una de las causas del crecimiento económico de la Unión y un elemento de cohesión social que ha permitido afrontar los cambios estructurales constantes de nuestras economías y sociedades sin crear grandes divisiones.

Hoy, la Unión Europea (UE) define la inclusión social como un proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y de exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, así como para gozar de unas condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales en la sociedad en la que viven.

En España, hay definidos diferentes planes estra­tégicos que marcan las políticas que se deben se­guir. Un plan estratégico es un esquema común de planificación integral, mediante el que se defi­nen, de forma consensuada, las grandes líneas estratégicas de desarrollo de las políticas naciona­les para un colectivo concreto de intervención.

Algunos de esos planes y estrategias en el ámbi­to nacional son los siguientes:

• Plan estratégico de igualdad de oportunidades (2018-2021). Ver aquí.
• Plan del turismo español Horizonte 2020. Ver aquí.
• Estrategia estatal del voluntariado (2018-2020).
• Plan estratégico de ciudadanía e integración 2011-2014.

• Programas sociales de apoyo a familia e infancia como II Plan Estratégico Nacional de Infancia (PENIA) de 2018-2021.

Los planes estratégicos a escala estatal tienen su continuidad y se desarrollan en programas y pro­yectos en los ámbitos autonómico y local. Tenien­do en cuenta esta realidad, estos planes están di­señados de manera que permitan una flexibilidad en su aplicación y respeten las singularidades y la capacidad de autogobierno de cada comunidad autónoma.

Por otra parte, las comunidades autónomas también desarrollarán sus propios planes estratégicos en aquellos ámbitos o áreas en los que consideren necesario realizar una planificación a largo plazo. Como hay innumerables planes de este tipo, sim­plemente citamos algunos a título indicativo comunitario:

• III Plan de Oportunidades Las Palmas de G.C. 
• IV Plan Canario sobre Adiciones 20120-2024
• Plan General de Servicios Sociales de Canarias.
• Plan Integral del Menor en Canarias.
• Estrategias Canarias de Voluntariado.
• II Plan Canario para la Inmigración.
• Plan canario de cultura.

Los ayuntamientos  (gobiernos locales) representan la parte más operativa de las políticas de ASC por su cercanía al ciudadano. Ello conlleva una doble responsabilidad, ya que serán los encargados de facilitar la participación, la interrelación y el diálogo, y de conocer y dar respuesta a las problemáticas y necesidades de la población, como, por ejemplo, el Reglamento  Municipal de Voluntariado Social de Las Palmas de G.C.

Podemos detallar la siguiente relevante legislación sobre personas con discapacidad:

• Constitución Española. Artículo 49 “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social que deroga a la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) de 1982.
• Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 39/2006, de 14 de diciembre). Puedes ver la Situación de la Ley de Dependencia en Canarias.

• La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

  El Estatuto de Autonomía de Canarias, recoge que “los poderes públicos canarios, asumen, entre otros principios rectores de su política, la promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades  de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y grupos en que se integran".

De entre la legislación en materia de menores y juventud, se detaca la siguiente:

• Convención de los Derechos del Niño de 1989 que se convirtió en ley en 1990.
• Constitución Española del 1978.
• Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias que deroga a Ley 9/87 de Servicios Sociales.
• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores. 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores.
• Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

• Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud.

De entre la legislación en materia de inmigración se destaca:

• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

• Tratados internacionales, principalmente aquellas políticas de inmigración de la Unión Europea que obliga a sus estados miembros a seguir unas políticas de control de los flujos migratorios:

  • Acuerdos de Schengen, en 1985 y

  • el Acuerdo de Tampere de 1999.

De entre la lesgilación en materia de drogodependencias destacamos:

• Constitución Española. Artículo 43: reconoce el derecho a la protección de la salud y la competencia de los poderes públicos en la determinación de los ciudadanos, las medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios.

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS): Derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria.

• Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias que deroga a Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias.

La legislación en materia de igualdad:

•  

  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

• Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

• Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres.

De entre las leyes en esta materia, destaca la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones.

Para ti, como animador/a, tiene especial interés, los siguientes organismos:

• Instituto de la mujer y para la Igualdad de Oportunidades: Imujer.
• Instituto de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO. 
• Instituto de la Juventud. IMJUVE.
• Consejo de la Juventud de España. CJE.
• Real Patronato sobre Discapacidad. RPD.

La “Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda” recoge en sus áreas de actuaciones, diferentes sectores de población:

• Dependencia.
• Discapacidad.
• Inclusión Social.
• Inmigración.
• Mayores.
• Infancia y Familia.

Y actuaciones dirigidas a la población general:

• Voluntariado.
• Servicio Canario de Empleo.
• Ayudas para vivienda.
• La Bolsa de vivienda joven y vacía.

Nuestro Cabildo Insular de Gran Canaria tiene la CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD, que a su vez cuenta con:

El Servicio de Política Social

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria: Recoge todos los recursos públicos para personas mayores, discapacidad y enfermedad mental. Ya sabes dónde buscar IASS.

A continuación te muestro algunas de las actuaciones de nuestro Cabildo Insular en materia de Servicios Sociales:

• Centros y Hogares: Centros de acogida a menores, piso de jóvenes, casa de acogida a mujeres maltratadas, centros de acogida a mujeres jóvenes en dificultad de integración sociofamiliar con o sin hijos…
• Servicios: de atención a la mujer, mediación familiar, puntos de encuentro familiar para padres separados,…
• Ayudas y subvenciones: para instituciones que atiendan a personas mayores, con discapacidad, colectivos excluidos, etc.

• Centros Municipales de Servicios sociales, donde se ofrece Información, Orientación y Valoración. Son la puerta de entrada a los Servicios Sociales municipales. Se ubican en cada uno de los distritos de la ciudad.
• Prestaciones económicas:
  • Para situaciones de especial necesidad y/o emergencia social
  • Para “Minusválidos” y a Personas Mayores.
  • Prestación Canaria de Inserción.

• Servicio de Ayuda a Domicilio: atención y cuidados de carácter personal, doméstico y social a personas en situación de dependencia.

•   Infancia y Familia.
  • Equipos Territoriales Especializados en Atención de Menores en Situación de Riesgo.
  • Equipos Territoriales Especializados en Atención Primaria de Menores.
  • Escuela de Padres y Madres.
  • Centros de Atención Diurna de Menores.
• Programa Municipal de Hábitos saludables y consumo responsables.

• Subvenciones para proyectos sociales de organizaciones sin ánimo de lucro.

Las específicas de cada comunidad autónoma como, por ejemplo:

• Ley Canaria de Juventud.
• Ley Canaria de Asociaciones.
• Ley Canaria de Fundaciones.
• Ley Canaria del Fomento de la participación ciudadana.
• Ley Canaria de Igualdad.
• Ley Canaria de Servicios Sociales.

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